Un cambio de última hora, borra lo que en un principio estaba recogido en el borrador. ¿estrategia? ¿política?… ¿Qué ha ocurrido exactamente?

La nueva regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno a través del Real Decreto 316/2026, publicado en el BOE, introduce una oportunidad limitada para miles de personas en situación irregular en España. Sin embargo, también establece barreras técnicas que, en la práctica, excluyen a algunos de los colectivos más vulnerables: las personas apátridas y, de forma especialmente significativa, gran parte del pueblo saharaui.

El proceso estará vigente entre el 16 de abril y el 30 de junio de 2026 y permitirá acceder a una autorización de residencia y trabajo de un año a quienes acrediten al menos cinco meses de permanencia continuada en España. Podrán beneficiarse quienes hayan solicitado protección internacional antes del 1 de enero de 2026, así como personas en situación irregular que hayan llegado al país antes de esa misma fecha. En estos últimos casos, además, se exige demostrar arraigo a través de empleo, vínculos familiares o una situación de vulnerabilidad certificada. Folleto digital

No obstante, el elemento más controvertido de la norma es su régimen de exclusiones. El artículo 126.h introduce una limitación clara: «no podrán acogerse a esta regularización quienes tengan en curso procedimientos administrativos relacionados con autorizaciones de estancia o residencia«. Esta cláusula, de apariencia técnica, tiene consecuencias profundas.

Para el pueblo saharaui, el impacto es directo. Una parte importante de esta comunidad en España se encuentra inmersa en procesos de reconocimiento de apatridia, un procedimiento que, por su propia naturaleza, implica la tramitación de una autorización de residencia. Esto significa que, mientras sus expedientes estén abiertos, quedan automáticamente fuera de la regularización extraordinaria.

La paradoja es evidente: quienes buscan el reconocimiento de un estatus jurídico básico, como es el de apátrida, se ven penalizados por ello. En lugar de ofrecer una vía de estabilidad, el sistema los mantiene en una situación de espera indefinida, consolidando su condición de “refugiados permanentes” sin acceso a soluciones extraordinarias como la ahora aprobada.

A esta exclusión se suman otros supuestos: tampoco podrán acceder quienes ya dispongan de una autorización vigente ni quienes hayan sido beneficiarios de protección temporal, como ocurre con el colectivo ucraniano.

El decreto introduce, eso sí, la noción de “supuestos de especial relevancia”, pensada para colectivos afectados por conflictos graves que no encajan en las categorías clásicas de protección. Sobre el papel, esta definición podría incluir al pueblo saharaui, marcado por décadas de desplazamiento y conflicto político. Sin embargo, en la práctica, esta vía no neutraliza la exclusión principal: la existencia de un procedimiento administrativo en curso sigue siendo motivo suficiente para quedar fuera.

La recomendación para las personas afectadas es clara: iniciar una solicitud de regularización sin tener en cuenta un expediente previo —como uno de apatridia o una solicitud de asilo posterior a enero de 2026— puede derivar en una denegación automática.

En definitiva, la regularización de 2026 vuelve a dejar en evidencia una realidad incómoda: mientras se habilitan vías extraordinarias para algunos colectivos, el pueblo saharaui continúa atrapado en una espera que parece no tener fin. Décadas después de su descolonización inconclusa y de su desplazamiento forzoso, muchas personas saharauis siguen sin un reconocimiento pleno de derechos, encadenadas a procedimientos largos y, ahora, excluyentes.

Lejos de ofrecer una solución, el nuevo decreto refuerza ese limbo administrativo que define sus vidas: ni plenamente reconocidos ni regularizados, siempre a la espera de una resolución que nunca llega a tiempo. Para un colectivo marcado por la apatridia y el exilio prolongado, esta decisión no es solo técnica, es profundamente política. Y, una vez más, el mensaje que reciben nuestros hermanos saharauis es claro: el Gobierno vuelve a mirar hacia otro lado.