El 18 de marzo, a instancias del Palacio Real Marroquí, saltaba a la luz una carta la cual había sido enviada por el Presidente del Gobierno de España y con destino al Rey Mohamed VI. En un principio, lo que parecía una inocentada, se hacía cierta tras el comunicado emitido por Moncloa. El Gobierno de España, asumía la propuesta de autonomía marroquí en la cuestión del Sahara Occidental, alegando ser la base más seria, creíble y realista para la resolución de este conflicto enquistado desde hace 47 años. El reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el territorio ocupado hace abandonar la posición mantenida hasta el momento, tal y como hicieron países como EEUU pero yendo más allá de Francia y Alemania. Esta decisión cogió por sorpresa a sus socios de Gobierno y al resto de fuerzas del Estado español, pues la opacidad de la decisión y la unilateralidad dejaron al descubierto este giro inesperado. A estas alturas, el Gobierno no ha dado explicaciones detallada del porqué de esta carta y este giro, a pesar de que se ha instado a que lo haga. Su única respuesta es que se produce un acercamiento a este país y de hecho ha retomado la embajada de Marruecos en Madrid. Esto ha ocasionado el alejamiento con Argelia, quien es declarado enemigo de Marruecos y que ya retiro a su embajador y anuncio consecuencias en el comercio del gas. Pero volviendo a la misiva de Sánchez, sorprende la redacción de la misma, dando lugar a especulaciones entre la opinión pública, debido también a que la carta podría haber sido publicada sin consentimiento de la Moncloa. No pudieron negarlo, aunque esto podría haberse estado cociendo hace meses.

En un contexto podemos afirmar que el territorio del Sahara occidental fue colonia española desde 1885 y posteriormente fue ocupado por Marruecos en el años 1975, cuando la negativa del Tribunal superior de la Haya, dictó que Marruecos no tenía ningún vinculo con la zona y debía descolonizarse de acuerdo a las resoluciones de la ONU y pasando por un referéndum que se había iniciado en el 74. Esta negativa, precipitó la marcha verde con Civiles al Frente y España abandonó el territorio cerrando el último cuartel español. La firma de los acuerdos tripartitos entre Mauritania, España y Marruecos, suponen papel mojado de una venta que no se materializó de forma administrativa, pues España cedió el territorio, pero no la potencia administradora de la cual a fecha de hoy sigue siendo responsabilidad de España el pasado, presente y futuro de la población saharaui. Y me atrevo a afirmar que España debería indemnizar a la población saharaui por tanto sufrimiento recibido en un lado y otro del muro; por tanta venta de armas y subvenciones a Marruecos para que mantenga la ocupación. Esta población, vive separada entre la ocupación marroquí de la franja litoral del mapa del Sahara Occidental que invadió Marruecos; y la población refugiada en Tindouf, que está allí desde 1975, que exilio tras los bombardeos del Gobierno Marroquí que pretendía el exterminio de la gente del Sahara Occidental. Una tercera parte de la población vive en la diáspora, en un limbo legal después de ver como muchos nacieron en la provincia 53 de España y ahora se les niega hasta el agua. Los campamentos que levantaron en Tindouf, las mujeres saharauis, permanecen hoy entre desidia y malnutrición. Entre ayudas internacionales que han ido disminuyendo con el paso de los años y con las crisis económicas acaecidas en el mundo. Una ayuda que no debería existir, si el Frente Polisario pudiera ejercer sus deberes como Nación en un Sahara Occidental libre e independiente, donde poder explotar los recursos naturales.

Después de casi 50 años, duele ver como en un intento de cuadrar el círculo, “Albares”, dice que apoyar el plan marroquí es compatible con lo dispuesto en las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la libre determinación de la población saharaui. Pero, partiendo de la base de que el derecho a la libre determinación de los pueblos sometidos a dominación colonial es uno de los principios del Derecho Internacional de otras potencias alineadas con Marruecos, España tiene obligaciones jurídicas extraordinarias, derivadas de su condición de antigua potencia colonial respecto al Sahara Occidental. Por tanto, el giro del Gobierno es una grave violación del Derecho internacional, sin precedentes y del que tendrán que responder antes o después.

Defender los derechos humanos del pueblo ucraniano sin respaldar los derechos del pueblo saharaui, choca de frente en estos momentos, más aún cuando el PSOE, portaba en su programa su compromiso con la causa y criticaba la gestión de los gobiernos anteriores de derechas en esta matería.  Quizá se haya producido un sacrificio de los valores del partido en aras de un interés nacional. Quizá se ha negociado con los derechos de vidas humanas, entregadas a una dictadura que viola los derechos humanos de los y las saharauis, por colonos marroquís.

Nuevos tiempos para la política, pues con este cambio de postura, que ya defendió el Sr Zapatero y ha materializado el Sr Sánchez, se abre una crisis política en España, un debate en los medios de comunicación y se ha hecho levantar al movimiento asociativo saharaui en España, pues desde el conocimiento de esta carta, se han sucedido concentraciones en contra de la posición y manifestaciones en Madrid.

No podemos decidir por ellos y ellas, porque la población saharaui no quiere ser autonomía de Marruecos, pero no por capricho sino porque este conflicto está amparado en la legalidad y tiene toda la fuerza jurídica. Solo falta aplicarla y dejarse de rodeos. Dejen que decidan.

Borrar un pueblo, unas raíces, una identidad, con una carta enviada con “nocturnidad y alevosía” no es propio de un Gobierno de izquierdas. Y esta nueva traición, decepciona lamentablemente al pueblo saharaui, pero también a la ciudadanía que depositó su confianza en este Gobierno.